La presentación de los Presupuestos Generales del Estado hace pocos días confirmó un recorte histórico de la ayuda al desarrollo que se añade a las importantes reducciones presupuestarias de los dos últimos años. La envergadura del recorte es lo más parecido a matar moscas a cañonazos: herir de muerte a la Cooperación Española haciendo una contribución marginal a la reducción del déficit público.
La decisión del Gobierno en este ámbito ignora las responsabilidades éticas más básicas de una potencia media en el mundo del siglo XXI. Por muy difíciles que sean nuestras circunstancias, las realidades son sencillamente incomparables. Estamos negando a regiones enteras como el Sahel –que agoniza a dos horas de Madrid en avión- el desecho de nuestros presupuestos. Mientras se cierran inútiles obras faraónicas como el Aeropuerto de Ciudad Real (que ha costado a los contribuyentes más de 1.000 millones de euros) y entra en vigor la amnistía fiscal promovida por el Gobierno, el mensaje que se ofrece a nuestra sociedad no puede ser más devastador.
Un primer análisis de los datos sugiere tres reflexiones preocupantes:
- Sobre la justificación y alcance del recorte: La envergadura del tijeretazo es desproporcionada (casi un 50%, frente al 16% del recorte medio del presupuesto) y no supondrá más que una leve reducción del déficit (en concreto, un 1,8% del total). Había alternativas, tanto en el recorte del gasto como en la generación de ingresos. Mientras el Gobierno dejaba caer la ayuda, otros países en circunstancias similares han tomado decisiones diferentes. El Gobierno confunde a la opinión pública cuando sugiere que el recorte de la ayuda exterior es el único modo que atender a los necesitados ‘nacionales’, porque la lucha contra la pobreza en España también ha sido fuertemente castigada.
- Sobre las consecuencias humanas y económicas: Los recortes tendrán impactos tangibles sobre personas reales cuya situación es mucho peor que la nuestra. La caída de los fondos obligará a eliminar numerosos programas y reducir la financiación de otros muchos. La experiencia sugiere que la recuperación de la ayuda será larga, cara e incierta. El futuro del sistema pasa por una política fina que evite males mayores concentrando los recursos en menos países, sectores y organismos; y haciendo un esfuerzo por comunicar al público la calidad de los programas.
- Sobre las consecuencias políticas: Lo que está ocurriendo con la ayuda al desarrollo va mucho más allá de las obligaciones de un recorte. Como ocurre en el caso de la lucha contra la pobreza nacional o la protección del clima, la destrucción de la cooperación responde más a una posición ideológica que a las obligaciones del recorte general del gasto público. Un recorte del 1% de los gastos militares de 2011 (datos de la OTAN) ahorraría al Estado 160 millones de euros, mientras que un recorte del 1% en los presupuestos de la ayuda ahorra 26. Sin embargo, los primeros cayeron un 8% y los segundos un 50%.
Lo que está en juego es la concepción del papel que debe jugar el Estado en este ámbito, y por eso los recortes son un fracaso colectivo: algunos sectores del Gobierno han sido capaces de imponer su criterio en este asunto porque en ningún momento han encontrado una oposición seria. A pesar de las encuestas que publican de vez en cuando las ONG, la opinión pública ha ‘comprado’ el argumento de que “en estas circunstancias económicas no es posible ayudar a los demás”. Fue el mismo Ministro de Exteriores y Cooperación en el que promovió este argumento, renunciando a la defensa pública de los programas que son parte de su responsabilidad.
Desgraciadamente, las organizaciones de la sociedad civil parecen haber tirado la toalla. Es posible que la inquietud por los recursos públicos de los que dependen excesivamente esté pesando en su incapacidad para levantar la voz, pero mucho me temo que el problema va más allá. Por eso creo que esta crisis será un estímulo para despertar a un sector que lleva demasiado tiempo dormido.